El PP y el PSOE prostituyen la Justicia

   Estimados amigos: Como toda prostituta, la Justicia es la víctima por lo que merece toda nuestra comprensión y simpatía. Todos los demócratas debemos hacer los esfuerzos posibles por arrancarla de las manos mafiosas que han conseguido hacer de su virtud una aberración sin límites. Leo en “El Mundo” de hoy, 15 de julio de 2013 sobre el Caso Bárcenas el siguiente titular: “Si hablas tu mujer irá a prisión; si callas, caerá Gallardón y se anulará el proceso”. No cabe mayor despropósito.

   Manifiesta “El Mundo” que estas palabras salen de la boca de Javier Iglesias Redondo, penalista de  Álvaro Lapuerta, persona de la más absoluta confianza del aparato del PP y que fueron pronunciadas a Bárcenas en la cárcel de Soto del Real la semana pasada, mensaje que se dio en representación del PP.

     Por si fuera poco, Miguel Durán y siempre según “El Mundo” se expresó en términos parecidos al mismo Bárcenas, prometiendo al ex tesorero del PP un buen trato penal, la nulidad, el relevo de Gallardón  en Justicia para poder controlar la Fiscalía, la exoneración de Rosalía Iglesias y que “no tocarían a su hijo”.

      ¿Qué podemos deducir de tales afirmaciones?

                -Si hablas tu mujer irá a la cárcel: Significa a las claras que los partidos mayoritarios tienen ese poder que la Constitución no les reconoce. La única manera de poder materializar esta aberración es tener a los Jueces y Magistrados “controlados”.

                -El tema se archivará en septiembre por nulidad: Estamos como en el caso anterior. Tenemos un poder ejerciendo poderes que según la Constitución no les corresponde y la cara B de la moneda: Jueces y Magistrados dispuestos a prostituirse. No hay que olvidar que la designación de los puestos clave de la magistratura depende de las Cámaras y que a los miembros “díscolos” del poder judicial se les puede hacer la vida imposible, llevándolos incluso hasta la muerte, como le ocurrió a Marino Barbero, primer instructor del caso "Filesa".

     En cuanto al control de la fiscalía, no deja de ser otro escándalo siempre silenciado: “El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. Hasta aquí lo que dice nuestra constitución del Ministerio Fiscal, que la realidad desmiente día a día, tanto con el PP como con el PSOE. Primero porque el Fiscal General del Estado depende del Gobierno y además rige el principio de dependencia jerárquica. Conclusión, el fiscal está más en proteger al Gobierno de sus corrupciones que por defender la legalidad y la independencia de los tribunales.

      ¿Hay solución? Evidentemente. Arrancar el poder judicial de las manos de sus señorías. El Fiscal General ha de ser elegido entre los fiscales y todo juez, magistrado o fiscal que manifieste su simpatía ante alguna opción política ha de ser cesado en sus funciones de manera automática. Éstos están para servir a la ley, (el imperio de la ley) y no a los partidos y a la estafa piramidal que el PP y el PSOE han creado. Así no ocurrirían sucesos como el acaecido al propio Marino Barbero que tras ser acusado por Rodríguez Ibarra de querer intervenir en política sin presentarse a las elecciones, comparándolo con ETA, no obtuvo el amparo del CGPJ al no considerar éste la existencia de perturbación o ataque a su labor, lo que es una auténtica vergüenza.