Doctrina Parot, moral, justicia y Derechos Humanos.

Doy gracias a Dios de tener amigos desde las extrema derecha a la izquierda más radical y es que a todos les une en esencia, la buena fe y la  búsqueda del bien común. Es cierto, todos nos podemos equivocar (yo soy la equivocación misma) pero como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de luchar por una España auténticamente libre, justa y democrática, en la que todos podamos vivir y morir con seguridad y dignidad.

Estos días son especialmente triste para los españoles de bien. Tenemos que ver como los terroristas de ETA, que tanto daño irreparable han causado, salen en masa de prisión. Las víctimas gritan de dolor ante tal desolador panorama sin que nadie les de una explicación cabal de lo que está pasando. Nuestros políticos no pueden dar esa respuesta ya que unos y otros (PSOE y PP) aunque sea por omisión, son autores, en unos casos y cómplices, en otros, de esta situación.

Para empezar a analizar este caos, me gustaría partir de la afirmación de D. Julián Sánchez Melgar, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que reconoce que con anterioridad a la Doctrina Parot, el Tribunal Supremo nuca se había pronunciado de forma explícita sobre el modo de interpretar el derogado art. 70, párrafo segundo del Código Penal de 1973 y que era práctica constante, (jurisprudencia) en cuanto a los límites máximos de cumplimiento de condena, de haber varios delitos, como si se tratara de una única pena, de manera que, en la práctica, era lo mismo cumplir una pena, que varias o que muchas, porque los efectos, en cuanto a su cumplimiento, eran los mismos.

El art. 70. 2 del Código Penal de 1973 dice: "No obstante lo dispuesto en la regla anterior (en la imposición de las penas se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo por el condenado en cuanto sea posible por la naturaleza y efectos de la misma), el maximun del cumplimiento de la condena del culpable no podrá exceder del triplo del tiempo por que se le impusiere las más grave de las penas en que haya incurrido, dejando de extinguir las que procedan desde que las ya impuestas cubrieren el máximo de tiempo predicho, que no podrá exceder de 30 años. 

Así, si un terrorista había cometido varios delitos, como la estancia máxima en prisión era de 30 años, sobre esta condena se aplicaba la redención, lo que conducía a que sanguinarios con muchas muertes a sus espaldas pudieran salir en libertad antes de los 20 años de cumplimiento efectivo de la condena.

Cuando los terroristas más significativos de ETA empezaron a cumplir sus condenas, ante la alarma social que suponía, y con ocasión del recurso de Herri Parot sobre su liquidación de condena, nace la Doctrina Parot: Supone la aplicación de los beneficios penitenciarios respecto de cada pena individualmente considerada y no sobre el  máximo legal permitido de permanencia en prisión, es decir, esos 30 años. La diferencia es notable; antes de la Doctrina Parot, nadie cumpliría los 30 años; después, aplicados los beneficios penitenciarios a cada pena individualmente considerada, sí:

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de febrero de 2006 (en la que se formula la Doctrina Parot), consideró aplicable retroactivamente el principio que fijó en su fundamento jurídico quinto, en lo que afectaba al cumplimiento de las condenas y su límite máximo y que señalaba que "la forma de cumplimiento de la condena total, será de la manera siguiente: se principiará por el orden de la respectiva gravedad de las penas impuestas, aplicándose los beneficios y redenciones que procedan con respecto a cada una de las penas que se encuentren cumpliendo. Una vez extinguida la primera, se dará comienzo al cumplimiento de la siguiente, y así sucesivamente, hasta que se alcanzan las limitaciones dispuestas en la regla segunda del art. 70 del Código Penal de 1973. Llegados a este estadio, se producirá la extinción de todas las penas comprendidas en la condena total resultante".

Con posterioridad y en esencia, el Tribunal Constitucional, avaló el nuevo criterio del Tribunal Supremo, lo que nos conduce directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Antes de entrar en sus pronunciamientos, me gustaría indicar, que pese a los que manifiestan que las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos no pasan de ser un apercibimiento moral y por tanto no son vinculantes, los artículos 53 y 54 del Convenio determinan que "las Altas partes contratantes se comprometen a conformarse a las decisiones del Tribunal en los litigios en que sean parte" y que "la sentencia del Tribunal será trasladada al comité de Ministros, que vigilará su ejecución". Pese a los ríos de tinta que se han escrito sobre si son vinculantes o no, el Tribunal Constitucional considera, con razón, que éstas no pueden obviarse.

El 10 de julio de 2012 se produce el primer pronunciamiento del TEDH manifestando que la llamada Doctrina Parot establecida por el Tribunal Supremo en el año 2006 y refrendada por el Tribunal Constitucional, aplicada retroactivamente, violaba los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, instando al Gobierno español a poner el libertad a la etarra recurrente condenada a 2.700 años de cárcel por varios atentados terroristas y que después de 18 años de cárcel, tenía que haber sido puesta en libertad el 3 de julio de 2008 por haber obtenido los beneficios penitenciarios establecidos en el Código Penal de 1973.

Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno por aquel entonces, criticó duramente la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos y anunció un recurso ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, manifestando que, mientras se sustanciaba, no se pondría en libertad a la condenada porque existía riesgo de fuga.

Comprobemos, antes de seguir adelante, el contenido de los artículos  5.1 y 7  por los que se condena a España:

Art. 5.1: "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad". El citado artículo determina un derecho de reparación en caso de que un Estado contratante te prive de libertad contra las disposiciones del Convenio. 

Art. 7 : "Nadie podrá ser condenado por una acción u omisión que en el momento en que haya sido cometida no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente, no podrá imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida". (Principio de Legalidad penal).

En mi opinión, esto es gravísimo: el Presidente del Gobierno de España, abiertamente nos dice a los españoles, que se pasa el Principio de Legalidad, garantizado por la constitución, al igual que la irretroactividad de las disposiciones desfavorables, por el arco del triunfo. Rajoy, no cabe la menor duda, es un peligro para la democracia y para las libertades en España. Primero, porque junto al PSOE han instaurado en España un Estado de las mafias, que no de derecho, donde todo un Tribunal Supremo y el garante de la Carta Magna, el Tribunal Constitucional, violan, principios básicos recogidos de forma nítida en nuestra Constitución. ¿Por qué, en vez de prostituir la Constitución por enésima vez, no cambiaron la ley? ¿Y luego nos asombramos que Rajoy (antes Zapatero) dé el dinero de los españoles a los bancos, ataque la enseñanza pública, baje el sueldo a los funcionarios, privatice la sanidad, etc, etc, etc,?

¿Y qué dijo la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo? El recurso presentado por España fue resuelto por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos compuesta por 17 magistrados, el 21 de octubre de 2013, y determinó que la doctrina Parot, con carácter retroactivo, vulneraba el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que el Tribunal Supremo aplicó de forma retroactiva jurisprudencia más desfavorable al reo, siendo que la Constitución española, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad. En este sentido, el alto tribunal consideró "detención ilegal" la permanencia de la penada, Inés del Río, en prisión.  El Tribunal Europeo recordó que su sentencia sentaba jurisprudencia, tenía carácter vinculante y que el Estado español se había comprometido, como firmante del convenio del propio Tribunal, a acatar la sentencia y cumplirla:

El Tribunal de Derechos Humanos estima que la demandante no podía prever que el Tribunal Supremo modificaría su jurisprudencia en febrero de 2006 ni que tal modificación le sería aplicada y supondría aplazar en casi nueve años la fecha de su puesta en libertad, del 2 de julio de 2008 al 27 de julio de 2017. Por lo tanto, la demandante ha cumplido una pena de prisión superior a la que tendría que haber cumplido según el sistema jurídico español en vigor en el momento de su condena. Por consiguiente, corresponde a las autoridades españolas garantizar su puesta en libertad en el plazo más breve posible.

Después de esta demoledora sentencia, el abanderado de la prevaricación en España, sigue presidiendo el Gobierno. El peligro número 1 de España, presidiendo el país. Al centenar de terroristas y violadores que han salido o pueden salir a la calle, no lo duden, se les puede advertir que, como se muevan más allá de ese límite legal que siempre defiendo, serán fulminados por la Ley, esta vez sin solución alguna para ellos; pero el Presidente del Gobierno seguirá poniendo todo lo que queremos en riesgo ya que para él, la ley, es un incómodo inconveniente, que siempre se pueden saltar, teniendo como tiene, el poder judicial comiendo de su mano derecha (la izquierda la pone Rubalcaba). Más desolador es saber, que la alternativa de gobierno, el PSOE, la legalidad le ha importado de siempre, nada. La conclusión es evidente, estamos condenados a un estado de arbitrariedad sin límites pagado por las propias víctimas: nosotros.

Para terminar, le preguntaba ayer a mi mujer, si conocía a un solo ser humano del que pudiera fiarse a la hora de dictar sentencias en el sentido judeocristiano, es decir, Justicia con mayúsculas. Si Mariano o Zapatero o cualquier Presidente pasado o por venir, fueran esa persona, y ésta hubiera decido ampliar el tiempo en prisión de estos terroristas, tendríamos que aceptarlo: la fuerza moral del que ordena sería irrebatible. Pero no; no podemos fiarnos, por desgracia, de nadie, salvo de la ley y exigir que esta se cumpla con escrupulosidad. En el ámbito penal el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley, porque de otro modo, hoy Jamal Zougam, mañana tú, cual Conde de Montecristo, serás condenado arbitrariamente y la llave de tu celda echada al mar.

El PP y el PSOE prostituyen la Justicia

   Estimados amigos: Como toda prostituta, la Justicia es la víctima por lo que merece toda nuestra comprensión y simpatía. Todos los demócratas debemos hacer los esfuerzos posibles por arrancarla de las manos mafiosas que han conseguido hacer de su virtud una aberración sin límites. Leo en “El Mundo” de hoy, 15 de julio de 2013 sobre el Caso Bárcenas el siguiente titular: “Si hablas tu mujer irá a prisión; si callas, caerá Gallardón y se anulará el proceso”. No cabe mayor despropósito.

   Manifiesta “El Mundo” que estas palabras salen de la boca de Javier Iglesias Redondo, penalista de  Álvaro Lapuerta, persona de la más absoluta confianza del aparato del PP y que fueron pronunciadas a Bárcenas en la cárcel de Soto del Real la semana pasada, mensaje que se dio en representación del PP.

     Por si fuera poco, Miguel Durán y siempre según “El Mundo” se expresó en términos parecidos al mismo Bárcenas, prometiendo al ex tesorero del PP un buen trato penal, la nulidad, el relevo de Gallardón  en Justicia para poder controlar la Fiscalía, la exoneración de Rosalía Iglesias y que “no tocarían a su hijo”.

      ¿Qué podemos deducir de tales afirmaciones?

                -Si hablas tu mujer irá a la cárcel: Significa a las claras que los partidos mayoritarios tienen ese poder que la Constitución no les reconoce. La única manera de poder materializar esta aberración es tener a los Jueces y Magistrados “controlados”.

                -El tema se archivará en septiembre por nulidad: Estamos como en el caso anterior. Tenemos un poder ejerciendo poderes que según la Constitución no les corresponde y la cara B de la moneda: Jueces y Magistrados dispuestos a prostituirse. No hay que olvidar que la designación de los puestos clave de la magistratura depende de las Cámaras y que a los miembros “díscolos” del poder judicial se les puede hacer la vida imposible, llevándolos incluso hasta la muerte, como le ocurrió a Marino Barbero, primer instructor del caso "Filesa".

     En cuanto al control de la fiscalía, no deja de ser otro escándalo siempre silenciado: “El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. Hasta aquí lo que dice nuestra constitución del Ministerio Fiscal, que la realidad desmiente día a día, tanto con el PP como con el PSOE. Primero porque el Fiscal General del Estado depende del Gobierno y además rige el principio de dependencia jerárquica. Conclusión, el fiscal está más en proteger al Gobierno de sus corrupciones que por defender la legalidad y la independencia de los tribunales.

      ¿Hay solución? Evidentemente. Arrancar el poder judicial de las manos de sus señorías. El Fiscal General ha de ser elegido entre los fiscales y todo juez, magistrado o fiscal que manifieste su simpatía ante alguna opción política ha de ser cesado en sus funciones de manera automática. Éstos están para servir a la ley, (el imperio de la ley) y no a los partidos y a la estafa piramidal que el PP y el PSOE han creado. Así no ocurrirían sucesos como el acaecido al propio Marino Barbero que tras ser acusado por Rodríguez Ibarra de querer intervenir en política sin presentarse a las elecciones, comparándolo con ETA, no obtuvo el amparo del CGPJ al no considerar éste la existencia de perturbación o ataque a su labor, lo que es una auténtica vergüenza.

Apoteosis de corrupción

  Tras cinco meses con la boca cerrada, ante la riada de mierda a la que, desde el Rey, a las instituciones, pasando por los partidos políticos nos han sumido, antes de morir asfixiado a mano de esta pandilla de malhechores, cansado y aburrido de tanta iniquidad, quiero ejercer una vez más mi derecho al pataleo.
  Lo del Rey no tiene desperdicio; si en vez de llamarse Su Majestad Don Juan Carlos I de Borbón, fuera una familia normal como la suya o la mía, usted o yo estaríamos en la cárcel. Dice el Diario Progresista: "Nueva andanada de correos electrónicos implicando al Rey en los manejos de Urdangarín. ¡Qué bonito y edificante para el pueblo al que representa y lidera! El simple titular del Diario, si fuese difamatorio, hubiera tenido consecuencias jurídicas; nada más lejos de la realidad: se está investigando en los Juzgados de Instrucción. Un escándalo monumental aderezado con nuestro dinero. Pero claro el Rey es inviolable y su sombra alargada, lo que ha determinado que ni su hija esté imputada con Urdanga y que al final, como todo el mundo sabe, todo vaya a quedar en nada. Por cierto, lo de Corinna tiene bemosles por ser fino. ¿Qué necesidad tengo de tener que imaginarme al Monarca en plan lascivo, atiborrado de biagra, intentado un Ayuntamiento (de los que sobran muchos en España, amén de las Comunidades Autónomas) con Corinna? Y la Reina tan pancha; debe ser que no tiene dignidad, como el otro no tiene vergüenza. Porque si fuera una mujer de bandera, le hubiera dado una patada en los cataplines al borbón de los de nunca olvidar y se hubiera despedido de él con una higa a lo Barcenas cuando vino de esquiar de Canadá con todo el dinero que ha robado.
  Y señores y señoras, van de señores. Los políticos meten sus sucias manos en las Cajas de Ahorros y crean un agujero tan gordo, que hemos tenido que ser rescatados. ¿Ha ido alguien a la cárcel  No. En España a la cárcel sólo van los pringados. Estas entidades son sociedades anónimas. ¿Han quebrado por su mala gestión? No. Rajoy  está desmantelando el Estado de Bienestar para pagar ésta y otras corruptelas. Así la educación pública cada vez es peor; a la sanidad sólo le queda el título porque hay que rogar a Dios bendito que no nos ponernos malos. La Justicia, que necesita medios para poder ofrecer un servicio público de calidad al ciudadano, como el dinero que tenemos va para la partitocracia, para los banqueros y para financiar a Mas su golpismo institucional, se crea una ley de tasas para que usted no pueda acudir a la Justicia y se desgaja de ella el Registro Civil para que los pobrecitos Registradores de la Propiedad puedan llevarse un mendrugo de pan a la boca, reforma por otra parte, liderada por el hermanísimo de Mariano Rajoy. Por cierto, Gallardón, con la complicidad de la Defensora del Pueblo, pretende otras reformas de las que seguro tendremos la oportunidad de hablar, en el sentido de las del Registro Civil y la ley de tasas: que pague el ciudadano el latrocinio de las castas dominantes.
  Y por no quedarnos, no nos queda ni Europa, que va poniendo gobiernos a dedo, dice a todo el mundo lo que tiene que hacer y ahora le ha dado por robar a los chipriotas el dinero que tiene en los bancos. Después del 11M, del que no sabemos absolutamente nada de lo que ha ocurrido (la prueba es que Gallardón defiende las sentencias que hacen vomitar a las víctimas del terrorismo) ya sólo nos falta, que unos (los de aquí) y otros (los de allá) nos vayan metiendo de nuevo en cámaras de gas, y si no al tiempo.

Los Realejos a 22 de octubre de 2012

Al Diputado del Común

Julio Bienvenido Cárdenas Císcar

Estimado Señor:

            Con el reciente comienzo del curso escolar no son pocas las noticias que tienen sobresaltada a la Comunidad Educativa, a la que, como padre de familia pertenezco. En particular, me inquieta tanto como me indigna, que profesores no cualificados para dar determinadas materias, las estén impartiendo.

            Nada más comenzar el curso mi mujer me dijo como una vecina había comentado públicamente, que su marido, profesor de música, estaba dando Lengua castellana y literatura…Aunque mi actividad en nada tiene que ver con los “aprobados sin plaza” de Educación, desde que nacieron, participo activamente en su página de facebook, donde comenté la información referida; nadie lo desmintió sino que, aquellos que habían o estaban dando clases en esos momentos, decían que era una práctica habitual.

            El pasado 3 de octubre, leí en el diario “El Día” que Educación obliga a los profesores a dar materias que no son de su especialidad. “El sindicato Docentes de Canarias desveló ayer que denunciará a Educación porque permite que profesores de Matemáticas impartan Lengua en Educación Secundaria”. 

                Docentes de Canarias-Insucan, habla de “desastre organizativo” derivado de una instrucción de la Consejería de Educación[1] que permite al profesorado impartir asignaturas que no forman parte de su especialidad.  Y yo me pregunto, ¿para qué estudiar una licenciatura si luego la administración deja que no titulados  den  a nuestros hijos cualquier asignatura para la que no están capacitados?

            Continúa el sindicato manifestando que “los alumnos no estarán suficientemente formados y que el profesorado se encuentra agotado porque no se siente capacitado para impartir estas materias”. Por ello, y porque consideran que la normativa de la Administración educativa puede ser constitutiva de un delito de prevaricación, los representantes de Docentes de Canarias-Insucan anunciaron ayer la presentación de una demanda contra la resolución que contiene esta medida: el texto modifica un Real Decreto del Gobierno central[2] “a sabiendas de que no se puede hacer”, sostiene el sindicato. La norma estatal recoge la posibilidad de que se impartan materias ajenas a la especialidad sólo en el caso de los programas de cualificación profesional y de diversificación curricular.

               Según Docentes de Canarias- Insucan hay centenares de reclamaciones como consecuencia del nombramiento de más de mil profesores desde el comienzo de curso. La incorporación de estos nuevos docentes a sus centros se ha realizado cuando los equipos directivos ya habían confeccionado los horarios, por lo que se les ha asignado horas sobrantes de asignaturas que no son las suyas. Según Docentes de Canarias-Insucan, los directores también son responsables por no modificar el horario.

            En mi humilde opinión, la Consejería obliga a los propios docentes a vulnerar tanto el espíritu como la letra de la ley, porque todo el mundo sabe, que no se puede dar clases de materias para la que no tiene habilitación legal. (Si me equivoco, que en las próximas oposiciones, que el músico que ha dado clases de lengua se presente a esta especialidad con su título: ¿verdad que no hace ni el examen?) Incluso podríamos incluso estar hablando de un ilícito penal al determinar el art.403 del Código que “El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere  un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de muta de tres a cinco meses. Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido, se le impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

            Teniendo presente que, “El Diputado del Común es el alto comisionado del Parlamento de Canarias, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades constitucionales, con el deber de supervisar las actividades de las administraciones públicas canarias en sus relaciones con los ciudadanos y a fin de garantizar dichos derechos y libertades”.

            Teniendo presente que,  el Artículo 16 de la ley 7/2001 de 31 de julio, del Diputado del Común determina sus funciones, en cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias y entre otras, las de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos en la Constitución frente a la vulneración producida por acciones u omisiones de las administraciones públicas Canarias; la supervisión de la actividad de las administraciones públicas canarias, a la luz de lo dispuesto en los artículos 103.1 de la Constitución y 22.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, con la finalidad establecida en el artículo 1 de la citada ley 7/2001 de 31 de julio del Diputado del Común, así como la protección de los derechos de sectores de población más desprotegidos (en este caso, los  niños educandos), con relación a la actividad de  las administraciones públicas canarias.

            Teniendo presente que, en aplicación de la Resolución de 6 de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para impulsar durante el curso 2012-2013 el proceso de mejora continua en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de elevar las tasas de éxito escolar, su aplicación irregular hace que, fuera de la diversificación curricular, profesores, incluso de distintos ámbitos[3], den materias para las que no están legalmente habilitados.

            Teniendo presente que, en ningún caso, la crisis económica puede justificar el incumplimiento de la legislación vigente en materia de habilitación legal para dar clase en los centro públicos docentes, por suponer una merma en el derecho de los educandos a una educación pública de calidad, incurrir en arbitrariedad y lesionar las legítimas expectativas de los sí legalmente habilitados para impartir dichas clases.

            Teniendo presente que el sindicato Docentes de Canarias alude específicamente a que profesores de matemáticas imparten clases de lengua cuando el art. 23 h de la Ley Orgánica de Educación determina que es un objetivo de la ESO “Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura”, siendo dicho objetivo imposible de alcanzar si el profesor encargado carece de los rudimentos necesarios para su consecución.

            Y en definitiva, teniendo presente que, permitir esta anomalía de forma generalizada en Canarias,  no sólo perjudica a los alumnos hoy, sino que condiciona su futuro, y con él, el de la propia Comunidad Autónoma,

            Solicito de usted, en protección de los menores y en sus labores de supervisión y defensa de los derechos de éstos como sector más desprotegido de la sociedad, que se ponga fin a este tipo de irregularidades administrativas y que sean perseguidas y depuradas conforme a derecho.

            Sin otro particular y aprovechando la ocasión, reciba el saludo más Cordial,

Fdo.: Julio Bienvenido Cárdenas Císcar.

Excmo. Sr. don Jerónimo Saavedra Acevedo, Diputado del Común de Canarias

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[1] Boletín Oficial de Canarias núm. 178 17293 Martes 11 de septiembre de 2012. Viceconsejería de Educación y Universidades.-Resolución de 6 de septiembre de 2012,por la que se dictan instrucciones para impulsar durante el curso 2012-2013 el proceso de mejora continua en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de elevar las tasas de éxito escolar.

[2] REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación

para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. Artículo 6. Ampliación de la atribución de docencia. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones necesarias para permitir que, en los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, los profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de alumnos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que determina que: “Las Administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de alumnos.

[3] Art. 4.9 de la instrucción.

¿Estupefactos? No, lo aguantamos todo.

                Leo en el diario “El Día” que Educación obliga a los profesores a dar materias que no son de su especialidad. “El sindicato Docentes de Canarias desveló ayer que denunciará a Educación porque permite que profesores de Matemáticas impartan Lengua en Educación Secundaria”.  Me vino a la mente una clase de Derecho Procesal en 5º de la Licenciatura de Derecho en la que un alumno intentaba expresarse…; imposible. Había llegado hasta allí, en breve sería llamado “Letrado” y no sabía hablar.

                Lo malo es que un mes antes hice esta misma denuncia a otro sindicato de Tenerife y no me hicieron ni caso. Cuando mi mujer fue a llevar a los niños al colegio, una madre cuyo marido da clases de música, dijo que le obligaban  a dar clases de lengua castellana. ¿Pero que tienen que ver el culo con las témporas? 

               Docentes de Canarias-Insucan, habla de “desastre organizativo” derivado de una instrucción de la Consejería de Educación que permite al profesorado impartir asignaturas que no forman parte de su especialidad.  Señor trilero (perdón); Señor Consejero ¿para qué estudiar una licenciatura si luego usted deja al conserje que dé a mi hijo cualquier asignatura para la que no hay un sustituto porque ustedes, en el mejor de los casos, utilizan ineficientemente los recursos de la Comunidad Autónoma?  Está claro, imagino su respuesta: ¡necesitamos más políticos y más televisión!

                Continúa el sindicato manifestando que “los alumnos no estarán suficientemente formados y que el profesorado se encuentra agotado porque no se siente capacitado para impartir estas materias”. Por ello, y porque consideran que la normativa de la Administración educativa puede ser constitutiva de un delito de prevaricación, los representantes de Docentes de Canarias-Insucan anunciaron ayer la presentación de una demanda contra la resolución que contiene esta medida: el texto modifica un Real Decreto del Gobierno central “a sabiendas de que no se puede hacer”, sostiene el sindicato.  La norma estatal recoge la posibilidad de que se impartan materias ajenas a la especialidad sólo en el caso de los programas de cualificación profesional y de diversificación curricular.

                Según Docentes de Canarias- Insucan hay centenares de reclamaciones como consecuencia del nombramiento de más de mil profesores desde el comienzo de curso. La incorporación de estos nuevos docentes a sus centro se ha realizado cuando los equipos directivos ya habían confeccionado los horarios, por lo que se les ha asignado horas sobrantes de asignaturas que no son las suyas. Según Docentes de Canarias-Insucan, los directores también son responsables por no modificar el horario.

                En mi humilde opinión, la Consejería obliga a los propios docentes a vulnerar tanto el espíritu como la letra de la ley porque todo el mundo sabe que no puede dar clases de materias para la que no tiene habilitación legal. ¿Prueba del algodón? En las próximas oposiciones que el músico que ha dado clases de lengua se presente a la especialidad de lengua con su título de música: no hace ni el examen, porque, aunque suene redundante, no tiene la titulación requerida por el Estado.

                  Artículo 403 del Código Penal: El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere  un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de muta de tres a cinco meses. Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido, se le impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

                Esta castuza está tan acostumbrada a violar la ley (por mucho que diga ese florero carísimo con el grabado de “Defensor del Pueblo”, ahora metido a labores de defensa de la clase política) que aún siendo conscientes de la ilegalidad que iban a cometer, de sus consecuencias y de su difícil reparación,  sabían que  ello mismo  garantizaba su impunidad. Le decía a mi esposa que se imaginara dos vecinos, uno trabajando y otro con problemas para pagar la hipoteca. El primero, músico dando lengua; el segundo, filólogo en paro. ¿Denunciará el segundo al primero por intrusismo? Podría (luego la justicia diría, en el supuesto que no se le encogiera el brazo, lo que tuviera que decir), pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?

Lo que todo ciudadano responsable debiera saber

Desde hace tiempo sigo con atención a Roberto Centeno, Catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid. Me gusta porque es un poco como yo (o más bien yo como él): no tiene pelos en la lengua y describe el instante del tiempo que analiza sin pelos en la lengua, llamando a las cosas por su nombre.

Su última iniciativa ha sido enviarle una carta a Ángela Merkel en la que describe, implora e intercede por todos nosotros contra nuestra clase política. Y es que podemos seguir celebrando el triunfo de España en la Eurocopa o las genialidades de Fernando Alonso o decidir mirarle los cuernos a toro que tenemos justamente delante, y aunque es aburrido y estresante, es con mucho lo mejor que podemos hacer, más que nada, por si se nos ocurre algo para parar el golpe.

Nuestro Catedrático empieza refiriendo como hace unas semanas un profesor e historiador norteamericano, David Spengler, mandó una misiva a Ángela Merkel solicitando a través de “The Time Asia” que no impidiera el colapso de España dada la incompetencia, despilfarro y la corrupción generalizada que los diferentes gobiernos, fundamentalmente regionales, hacen del dinero recibido de las instituciones europeas…; España es un país donde nadie controla nada y nadie responde de nada, lo que implica una asignación de la mayor parte de los recursos públicos de una manera tan absurda como ineficaz. Según Spengler, nuestro gobierno carece de estrategia alguna ante los problemas de la banca, económicos y fiscales, manifestando que la deuda ya está fuera de control llegando a la conclusión de que la situación se ha deteriorado irreversiblemente y en consecuencia no podemos salvarnos.

Queridos españoles, ¿no os parece triste la visión que tienen de nosotros en el exterior? Espero que nuestro orgullo patrio no se quede sólo pare el fútbol; eso sí, Artur Mas, que si fuera por mí estaría en la cárcel, ante este panorama del que es parte del problema, no se le ocurre otra forma de solucionarlo que quitarle la merienda a los presos que cumplen condena en las cárceles catalanas. Si no fuera tan trágico, sería para reírse.

Nuestro Profesor (D. Roberto Centeno) sin negar la base de razón de la misiva de Spengler, escribío a Ángela aportando soluciones racionales y posibles a la alternativa de dejarnos tirados a la deriva…España sí puede ser salvada; es más, ni siquiera necesita una intervención a la griega que los analistas e instituciones consideran inevitable suprimiendo el Estado de las Autonomías que cuesta a los españoles la friolera de 120.000 millones de € (equivalente al 12% del PIB).

            Si tenemos la solución, ¿por qué no la aplicamos? Continúa D. Roberto afirmando que la oligarquía que nos gobierna se opone con todas sus fuerzas para desmontar esta estructura gigantesca que se han construido para su propio beneficio: el poder de cambiar esta espiral de saqueo se ha hurtado de las manos de los españoles. España ha pasado ya el punto de no retorno, motivo por el cual, el Profesor pide a Ángela Merkel que ponga fin a esta situación que lleva a España a la ruina lo que conllevará el fin de la zona €. La reforma del sistema autonómico, responsable de las dos terceras partes del gasto público de España, sería suficiente; por ello D. Roberto pide ayuda a la canciller para que finalice de inmediato los préstamos masivos del BCE, entregado sin condiciones, sin control y donde ni siquiera 1€ se dirige hacia la economía productiva.

Según el Profesor, hemos pasado de un nefasto Zapatero a un Mariano Rajoy cuyas iniciativas son inútiles, produciendo resultados opuestos a los esperados. Ni Mariano ni Zapatero han trabajado por el bien común de España; para ellos su partido y los beneficios personales son más importantes que los intereses de los ciudadanos, lo que a toda costa les hace mantener un tipo de nación cuyo despilfarro y la corrupción está llevando al país a la ruina.

España ha quedado dividida en 17 regiones independientes con más poder que los Estados federados y que constituyen una forma en la que la oligarquía política enchufa a su familia, amigos, y seguidores del partido; 17 mini-estados con Parlamentos, Televisiones públicas,  22 aeropuertos (algunos con 300 pasajeros/mes), 30.000 coches oficiales que es más de los que hay en Estados Unidos; 8.200 Ayuntamientos (cuando no más de 3000 están justificados). Asesores, empresas públicas, puestos de libre designación (450.000); tampoco se olvida D. Roberto que la gestión de las Cajas por los políticos ha llevado a la situación actual al sistema bancario.

Resumiendo, dice el Profesor Roberto Centeno que una intervención sin conocer la realidad económica del país y sin llegar a la raíz del derroche (el sistema autonómico) daría como resultado un desastre histórico y la miseria y hambre para millones de ciudadanos españoles. Por eso pide a la canciller que ayude a los españoles (ante un posible rescate) y que apoye la abolición de la locura económica que conlleva la administración territorial actual. La eliminación de un gasto inútil de 120.000 millones de € anuales, permitiría la reducción de la deuda y crear empleo en un tiempo relativamente corto de tiempo, mientras que la alternativa del rescate sería llevar a una deflación brutal interna y el mantenimiento de una asignación ridícula de los recursos, con devastadoras consecuencias económicas y sociales; sufrimiento casi inimaginable para los españoles presentes y futuros, para que los incompetentes y corruptos moralmente, la oligarquía política,  puedan mantener sus privilegios…

Estimados y selectos lectores de mi blog, como por analogía dice el brocardo jurídico, “dura lex sed lex”, la realidad es dura, pero es la realidad. Desde estas páginas sólo me queda darle las gracias a nuestro estimado Profesor.

Grecia (Europa) en llamas

Estimados amigos:

                Vivimos momentos históricos. Mañana nos jugamos una parte importante de nuestro futuro en Grecia, cuna de la democracia. Y aunque anestesiados con la Eurocopa, unos señores a los que no hemos elegido, diseñan nuestro futuro sin importarles lo más mínimo nuestro sufrimiento y el de nuestros hijos.

                Si Rajoy fuera el líder que necesita España en estos momentos, ayer le hubiera dicho a Lagarde que cuando quisiéramos su opinión, se la pediríamos; que España es un país soberano y que no admitimos injerencias de nadie. Si tiemblan ante una economía que no representa ni el 2% del PIB de la Unión Europea, ¿de verdad quieren jugar con España? ¿Dónde está nuestra dignidad como españoles?

                Siempre he pensado que es una inmoralidad pagar nuestras comodidades a costa de nuestros hijos; en esencia eso es la deuda pública: gasto hoy y pago mañana. Eso no puede ser, salvo en circunstancias excepcionales. Así que la Regla de Oro de la Hacienda Pública (el equilibro presupuestario) se impone como una exigencia moral. Es por ello necesario que ya, hoy, pongamos coto a nuestros propios desmanes y el más grande de todos es un Estado autonómico que no nos podemos permitir, porque la conclusión es que vivirían una pléyade de políticos a tus espaldas, mientras tú y tus seres queridos, yo y los míos, quedaríamos reducidos a la pobreza, y el Estado de bienestar destruido.

                Para nosotros esa es la partida. Si jugamos a otra cosa (las cosas del PP-PSOE) siempre perderemos  y llamaremos a lo que no es, como lo que es, y no saldremos con bien de esta gran mentira.

                También debemos recuperar el Estado de Derecho y no esta podredumbre corroída hasta el tuétano a lo que llamamos  Justicia. Os pongo un ejemplo dinerario. Cuando el Banco de España era el Banco emisor y la emisión de moneda una alta prerrogativa de las Cortes hubo un señor que fue condenado cuando robó dinero de la Fabrica de la Moneda por alterar moneda legítima. Como la casualidad quiso que parte de ese papel moneda cayera en mis manos, se lo mandé a la Comisión Permanente de Peticiones del Senado preguntando por qué habían condenado a VLF por alterar moneda legítima si según el art. 284 del Código Penal de 1973 era evidente que aquello era absurdo. ¿Creéis que me investigaron? ¿Qué me preguntaron si sólo tenía el papel moneda que les había enviado o tenía millones de pesetas más en mi poder? Nada… (igualdad ante la ley). Debe ser que las Cortes también me invistieron de la prerrogativa de poder emitir ese dinero, porque nunca nadie me dijo nada. VLF terminaría siendo indultado. ¿Creéis en el Estado de Derecho? Ante la duda preguntádselo a Dívar.